Actividad 02 Ética, grado noveno. 3P

Ciudadanía e inclusión en el Estado

Jürgen Habermas (1929), filósofo alemán, planteó que existen tres formas de entender la relación entre los ciudadanos y el Estado:

1. Una concepción liberal, que atribuye sobre todo al alemán Carl Schmitt (1888-1985), que mantiene una separación entre las libertades civiles y los derechos políticos. Las primeras deben ser garantizadas a todos los habitantes, mientras que los segundos únicamente deben ser ejercidos por los ciudadanos que formen parte del grupo étnico-cultural que sirva de base al Estado de que se trate. Esta visión tiene el inconveniente de que se puede fijar arbitrariamente la separación entre los diversos colectivos sociales, excluyendo a algunos de ellos del pleno ejercicio de la ciudadanía.
2. La segunda concepción es republicana. En esta concepción que es la que defiende el propio Habermas, no habría lugar para excluir de los derechos políticos a ningún colectivo social, ya que no se da preferencia a los rasgos de ninguna mayoría frente a las minorías, sino que se considera a la sociedad política como “una asociación de miembros libres e iguales de una comunidad de derecho”. Dicha comunidad de derecho es el producto de un “contrato social” en el que los participantes han consentido vivir bajo leyes reguladoras de libertades públicas. Desde esta perspectiva, la ciudadanía va ligada a los procedimientos democráticos desde su misma raíz, y por ello el respeto a dichos procedimientos, sin exclusiones arbitrarias, es la mejor garantía de integración social.
3. La última es una concepción comunitarista del Estado y de la ciudadanía, que exige mayor atención a los vínculos étnicos y culturales. Para los teóricos del comunitarismo, como el canadiense Charles Taylor (1931), el liberalismo y el republicanismo mantienen un concepto demasiado atomizado del individuo y de las relaciones humanas, como si todos los seres humanos fueran seres egoístas y aislados, con una formación racionalista que les lleva a contratar unos con otros el cumplimiento de unas reglas de convivencia como medio de supervivencia, sin que sea posible un acuerdo más profundo, basado en unos valores compartidos. Frente a esta visión del ser humano, el comunitarismo mantiene que existen unos vínculos formados por la cultura y la procedencia étnica común dentro de cada pueblo, y que esos lazos afectivos son la base de la solidaridad necesaria para que pueda existir el Estado. Habermas critica este punto de vista argumentando que el republicanismo mantiene una comprensión inter-subjetivista de las personas, lo que significa que los seres humanos no somos ni los seres egoístas y aislados que propone el liberalismo, ni tampoco los miembros forzosos de un cuerpo colectivo anterior al Estado, sino más bien unos seres comunicativos y abiertos a la deliberación pública, capaces de crear vínculos de solidaridad y ciudadanía mediante los procedimientos democráticos.

La ciudadanía y los derechos humanos.

Los derechos civiles

Como hemos visto, la ciudadanía moderna se caracteriza por el establecimiento de una serie de derechos individuales que tratan de contener los posibles abusos del Estado y mantener un entorno de libertad para cada ciudadano. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los derechos que se les reconocen a los ciudadanos son los derechos civiles, especialmente el derecho a no ser detenido sin unas garantías legales, pero también los derechos de libertad de conciencia, que incluyen la libertad de cultos religiosos diversos y la libertad de expresión. A lo largo de estos tres siglos estas ideas se propagaron por diferentes países occidentales y provocaron diversos cambios políticos. Por ejemplo, se estableció que los indígenas debían ser tratados como seres libres, lo que prohibió esclavizarlos; se estableció el Acta de hábeas corpus, que evitó que los prisioneros fueran detenidos injustamente, etc.

Los derechos políticos

Durante los siglos XIX y XX, como parte de las constituciones occidentales, empezaron a generalizarse las declaraciones de derechos. En ellas, se fue abriendo paso la inclusión de algunos derechos que no habían sido tenidos en cuenta antes, como los de participación política, tales como la asociación política y los derechos de la mujer al voto y a ocupar cargos públicos. En este sentido se destacan:

”  Las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos de América, aprobadas entre 1865 y 1870, que ratifica la abolición de la esclavitud en todo el territorio nacional.

”  Las constituciones de la mayoría de países que, desde finales del siglo XIX, reconocen los derechos políticos de las mujeres.

Los derechos sociales, económicos y culturales

El derecho a la educación, a la asociación sindical, a la huelga y a las garantías de seguridad e higiene en el trabajo fueron los primeros derechos de este tipo en ser reconocidos.

Algunos documentos importantes de esta nueva fase de reconocimiento de derechos de ciudadanía son los siguientes.

 

La constitución francesa de 1848 recoge algunas disposiciones que protegen a los trabajadores y la obligación del Estado de proporcionar enseñanza primaria gratuita a todos los ciudadanos.

En la década de 1880, el canciller alemán Bismarck impulsó medidas como el seguro de enfermedad, el seguro contra accidentes laborales y las pensiones para la vejez.

La constitución mexicana de 1917 reconoce los derechos laborales y las prestaciones de seguridad social, sin discriminación por razón del sexo.

La constitución alemana de 1919 regula ampliamente los derechos sociales, económicos y culturales, diseñando lo que posteriormente se ha llamado Estado social de derecho.

La ciudadanía social

El reconocimiento progresivo de los derechos mencionados en las secciones anteriores condujo a consolidar en el siglo XX la noción de ciudadanía social, sobre todo a partir de la publicación del libro Ciudadanía y clase social de Thomas H. Marshall, en 1950. En esta obra, el autor define la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que vinculan al individuo a la plena pertenencia a una sociedad.

A diferencia de otras concepciones de ciudadanía, la ciudadanía social incluye los derechos sociales como el trabajo, la educación, la vivienda, la salud y las prestaciones sociales en los casos de especial vulnerabilidad. La protección de esos derechos se supone garantizada por el Estado nacional, entendido ahora como un Estado social de derecho, y no solo como un Estado liberal de derecho.

Históricamente ha sido llamado Estado de bienestar la figura que mejor ha encarnado el Estado social y mejor ha contribuido a reconocer la ciudadanía social de sus miembros.

  Lo anterior ha sido sin duda un gran avance, pero actualmente supone algunos problemas porque el Estado de bienestar ha entrado en crisis y las críticas que se le hacen, como figura histórica, están afectando también la posibilidad de un Estado social que satisfaga las exigencias de la ciudadanía social.

Es claro que satisfacer esas necesidades es indispensable para que las personas se sepan y sientan miembros de una comunidad política, es decir, ciudadanos, porque sólo puede sentirse parte de una sociedad quien sabe que esa sociedad se preocupa activamente por su supervivencia, y por una supervivencia digna.

Sin embargo, lo anterior puede lograrse a través de un Estado de justicia, no un Estado de bienestar. Por eso es indispensable que sea posible e irrenunciable proteger los derechos sociales, propios de la ciudadanía social, en un Estado de justicia.